La Oficina Anticorrupción de Jujuy fue aceptada como querellante adhesivo en la causa Expte. N° 1278/11 re caratulado: “ROMERO MARCOS DANIEL, p.s.a de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Cohecho Pasivo; Sustracción y Destrucción de Instrumentos Públicos en concurso ideal, con el delito de Sustracción y Destrucción de Instrumento Público en concurso ideal, con el delito de Sustracción o Destrucción de Documento TRES Hechos en concurso real.
BELLIDO ANTONIO ALBERTO p.s.a de Cohecho Activo, Sustracción y Destrucción de Instrumento Público en concurso ideal con el Delito de Sustracción o Destrucción de Documento, dos hechos en concurso real y SALA MILAGRO AMALIA ANGELA, p.s.a de Sustracción y Destrucción de instrumento Público en calidad de determinadora en concurso ideal con el delito de Sustracción o Destrucción de Documento en calidad de determinadora y coautora del delito de Cohecho Activo dos hechos en concurso real. Ciudad”.
La Fiscal Anticorrupción, Dra. Josefa Herrera, subrayó la importancia asignada al organismo en la causa, marcando una vez más las facultades de la Oficina para prevenir, detectar y promover la erradicación de los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, sean legislativas, ejecutivas o judiciales. De este modo, se reconoce la potestad de la OA en su accionar frente a los abusos de funcionarios públicos y de terceros destinatarios o no del acto funcional.
Conforme lo establecido por la Ley 5885 de Ética Pública, la Oficina de contralor provincial continuará velando por su cumplimiento. Cabe mencionar que el artículo 2 inc. “g” de dicha ley habilita a la Oficina a presentarse como querellante en todo proceso judicial referido a delitos que hubiera sufrido el patrimonio estatal, por hechos incluidos dentro del ámbito de su competencia.
Finalmente se recuerda que, en la causa en cuestión, la ex líder de la organización barrial Tupac Amaru y sus colaboradores son investigados a partir del robo de un expediente que comprometería a la mencionada organización. El hecho se habría perpetuado con la ayuda de un empleado judicial en diciembre de 2009, entorpeciendo el esclarecimiento de la conocida “balacera de Azopardo”, ocurrida en ese mismo año.