La Oficina Anticorrupción de Jujuy cuenta con un sistema online de control público, a partir del cual integrantes de gobierno, municipios y la ciudadanía en general pueden efectuar desde cualquier dispositivo y lugar un seguimiento de la presentación, evolución y cumplimiento de las declaraciones juradas de sujetos obligados.

Se trata de una contribución de la OA a la transparencia activa e innovación pública. Este organismo fomenta así el cumplimiento de estándares internacionales en materia de accesibilidad y publicidad de las Declaraciones Juradas.

Este servicio se encuentra disponible aquí  

Antiguo Sistema de Control - 2015

Las Declaraciones Juradas eran presentadas en formato papel, en sobre cerrado, receptadas y custodiadas por el Tribunal de Cuentas de Jujuy. No eran públicas, sólo podían ser consultadas mediante orden judicial.

Creación del Sistema de carga de Declaraciones Juradas Patrimoniales - 2016. La Oficina Anticorrupción creó la primera herramienta digital de carga, disponible en cualquier computadora previa instalación. Todas las declaraciones juradas relevadas en 2016 fueron publicadas en el sitio web de este organismo.

Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales “SIkus” - 2017

La Oficina Anticorrupción, en colaboración con la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, creó el primer software on line de declaraciones juradas, adaptable a todas las jurisdicciones, incentivando la confiablidad, integridad y disponibilidad de las declaraciones juradas.

La web de la Oficina Anticorrupción publicó todas las declaraciones juradas relevadas en 2017.

Optimización de “Sikus”

Fomentando estándares internacionales de accesibilidad y publicidad de las declaraciones juradas, la Oficina Anticorrupción incorporó la importación de datos al sistema: los sujetos obligados pueden extraer lo declarado en periodos anteriores, actualizando con mayor agilidad y facilidad sus datos.  A partir de mejoras continuas desde el año 2020, se elevó la performance del software, adaptando diversas funcionalidades a los requerimientos previstos en el marco del cumplimiento de la Ley de Ética Pública.